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La Coordinadora para la Prevención de la Tortura es una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas. [+]

Igualmente, las organizaciones de la Coordinadora hacen suyas las conclusiones y las recomendaciones surgidas fruto del debate de las Jornadas celebradas a Barcelona los días 3 y 4 de febrero de 2006 y se comprometen a trabajar por su aplicación total como expresión máxima de la eradicación de la tortura en el Estado español. [+]

Jornada de formación: Aplicación del protocolo de Estambul en el contexto de la detención incomunicada en el País Vasco

Análisis medico psiquiátrico de 45 casos de alegaciones de malos tratos o tortura

Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española

Paseo de Recoletos, 13, Madrid – Jueves 18 de septiembre 2014

Programa de la Jornada

Hace más de tres años surgió en varios profesionales de la salud mental y la medicina forense la preocupación por lo que parecían ser malas prácticas tras algunas detenciones. En algunos casos se conocían porque eran personas que tenían trascendencia social y, en otras, porque lo comprobábamos en las consultas, sea en Atención Primaria o fuere en el campo de la Salud Mental. Cierto es que esa realidad era conocida por los informes de organismos internacionales y estatales y que algunos profesionales se habían capacitado profesionalmente para prestar atención a personas cuya demanda específica estaba relacionada con haber padecido malos tratos durante alguna detención policial.

Tras haber desarrollado diferentes experiencias individuales y grupales, así como algunas sencillas investigaciones sobre los procesos terapéuticos que fueron difundidas en ámbitos académicos (formación, jornadas, cursos, libros…), los profesionales impulsores de este trabajo de investigación estimaron oportuno realizar un estudio de mayor envergadura.

Como personas interesadas en el tema sabíamos que los estudios sobre la violencia son una novedad y muy escasos (sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, donde no hay un modelo conceptual validado y admitido de modo generalizado), y conocíamos también que hoy en día no existen datos suficientes y contrastados sobre la tortura. Los organismos internacionales de monitoreo y seguimiento han mostrado su preocupación por la dicotomía entre la afirmación de los diferentes gobiernos, de que en el Estado español no tiene lugar la tortura, salvo en casos muy aislados, y la información recibida de fuentes no gubernamentales que revelaba la persistencia de casos de tortura. Tomando como referencia el último informe del Gobierno Vasco, se señala la existencia de 5.500 denuncias judiciales y/o extrajudiciales de tortura. Con independencia de las cifras existen pruebas cada vez más sólidas que evidencian que la tortura es un serio problema que no ha recibido la atención institucional necesaria, que las denuncias no pueden considerarse fabulaciones y que la investigación judicial ha sido deficiente. Estas evidencias provienen de organismos internacionales de control de los derechos humanos, de sentencias de los altos Tribunales españoles e internacionales, y de algunos estudios empíricos elaborados por instituciones y grupos de investigación.

Una de las limitaciones de los estudios empíricos previos es que no han realizado una valoración individual de la fiabilidad del testimonio de torturas de cada caso particular. En esta valoración los profesionales de la salud (mediante una evaluación médica y psicológica exhaustiva y rigurosa) pueden proporcionar documentación fiable sobre la exposición a la tortura acorde a estándares científicos internacionales.

Con este objetivo en mente se gestó el inicio de este proyecto. Desde la asociación ARGITUZ se contactó con psicólogos, médicos y psiquiatras de distintas asociaciones profesionales (OME, Osalde y Jaiki-Hadi) para valorar la viabilidad de un nuevo estudio empírico con este enfoque.

Ya en las primeras reuniones se consideró imprescindible que para que la investigación fuera relevante debiera:

• Involucrar a organizaciones y espacios científicos en el ámbito de la salud y de los derechos humanos tanto locales como internacionales.

• Utilizar guías o instrumentos forenses aceptados y validados internacionalmentepara la evaluación física y psicológica de la tortura, ajustándose a los estándares profesionales de buena praxis.

• Realizar un diseño metodológico sólido y riguroso (superior a los habituales en este tipo de estudios) que incluyera validaciones internas y la supervisión científica por instituciones externas, expertos internacionales, y por un Comité de Ética en Investigación.

• Hacer extensivo el proyecto a otras asociaciones locales y estatales que trabajan en áreas de la salud mental y los derechos humanos.

Tras esta primera fase se unieron al grupo de trabajo profesionales de las asociaciones que colaboraron en el proyecto. Realizados varios encuentros, se definió el diseño metodológico y se constituyó el grupo de trabajo que reunió a más de 30 profesionales de la salud, la mayoría en el campo de la salud mental, de diferentes especializaciones y reconocido prestigio. La incorporación de diferentes perspectivas multidisciplinares tantoen el abordaje metodológico como analítico ha resultado enriquecedora para el estudio.

El trabajo se compartimentó en niveles independientes, con un sistema de duplas profesionales. La entrevista y la exploración psicométrica inicial fueron realizadas por un psicólogo clínico o psiquiatra local, quien trabajó en equipo con otro psicólogo o psiquiatra de otra Comunidad del Estado para elaborar el protocolo correspondiente a cada peritado. Todas las peritaciones fueron supervisadas posteriormente por otro psiquiatra experto. Paralelamente, otro grupo compuesto por médicos, buscó las evidencias documentales externas (informes médicos) relativas a la detención. Además se acordó que el International Council for the Rehabilitation of Torture Victims (IRCT) examinaría la metodología empleada en este estudio. El IRCT es una organización que abarca a más de 140 organizaciones independientes cuyo mandato consiste en apoyar la rehabilitación de las víctimas de la tortura y la prevención de la tortura en todo el mundo. También se presentó el proyecto al Comité de Ética en Investigación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

En definitiva, este estudio es singular porque, a diferencia de todos los existentes hasta la actualidad, realiza un análisis de credibilidad y verosimilitud de las alegaciones de malos tratos o torturas en base a los estándares periciales internacionales en la materia, lo hace con una metodología compartimentada y permanentemente ciega y con sistemas de monitoreo y supervisión científica por instituciones externas que no admiten sombra en su cualificación profesional y científica.

(Tomado de la Introducción al estudio)

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