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La Coordinadora para la Prevención de la Tortura es una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas. [+]

Igualmente, las organizaciones de la Coordinadora hacen suyas las conclusiones y las recomendaciones surgidas fruto del debate de las Jornadas celebradas a Barcelona los días 3 y 4 de febrero de 2006 y se comprometen a trabajar por su aplicación total como expresión máxima de la eradicación de la tortura en el Estado español. [+]

Ante la reciente designación del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Comité contra la Tortura
C/o OACNUDH, Palais Wilson.
Ginebra, Suiza.

Ante la reciente designación en sede parlamentaria del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) mediante una Ley Orgánica aprobada el 15 de octubre pasado, las Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, comprometidas con la erradicación de la tortura y los malos tratos en el mundo, deseamos expresar:
1.- Nuestro más profundo rechazo y malestar por la forma con la que el Gobierno ha llevado a cabo todo este proceso. A pesar de que en 2007 las Organizaciones no gubernamentales fueron convocadas en Madrid en distintas ocasiones para un proceso de consultas con el Gobierno español, este proceso con la sociedad civil no ha sido transparente ni inclusivo. Tampoco el Gobierno ha proporcionado la información necesaria. Todo lo contrario, el proceso fue suspendido unilateralmente por el Gobierno en diciembre de 2007, pese a que las Organizaciones firmantes de este escrito, desde entonces, solicitamos reiteradamente la continuación del diálogo, sin que se nos hayan explicado los motivos de dicha suspensión. Igualmente, no se facilitó información concreta sobre los órganos o departamentos concretos de la Administración encargados de elaborar el proyecto de MNP; ni tampoco el contenido del texto, siquiera provisional o aproximativo. Ahora, mediante su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, hemos conocido la creación de un MNP exclusivamente institucional, sin participación directa de la sociedad civil y sin siquiera comunicar a la misma la decisión final.
Esa suspensión y esa decisión representan un incumplimiento serio de lo que había anunciado la Misión Permanente de España en Ginebra, en carta de 29 de octubre de 2008 dirigida a la Secretaría del Subcomité para la Prevención de la Tortura, en la que manifestó que, «en breve y en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, se propondrá por el Gobierno un modelo de Mecanismo tal y como previsto en el OPCAT. Éste será trasladado a los interlocutores sociales y así perfilar de modo definitivo su configuración».
2.- En materia de prevención, el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes introduce un importante mecanismo de visitas regulares a los centros de privación de libertad, por lo que todas las Organizaciones habíamos solicitado al Gobierno que su creación fuese una oportunidad para demostrar su firme voluntad para erradicar la tortura y los malos tratos en España, presentando el MNP como un hito importante y asegurando su máxima publicidad, en lugar de reducir su cumplimiento a un mero trámite, como finalmente ha sido. En efecto, la asignación del MNP al Defensor del Pueblo se realiza en virtud del Artículo tercero de la Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta Ley añade una nueva y muy breve Disposición final única a la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo. Además, su desarrollo se abandona a un reglamento posterior.
Todo ello contraviene la recomendación siguiente del Subcomité para la Prevención de la Tortura: «El mandato y las atribuciones del mecanismo nacional de prevención deberán enunciarse de manera clara y concreta en la legislación nacional en forma de texto constitucional o legislativo. En ese texto deberá recogerse la definición amplia de lugares de privación de libertad de conformidad con el Protocolo Facultativo» [Naciones Unidas, Comité contra la Tortura, Primer Informe Anual del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Febrero de 2007 a marzo de 2008), doc. CAT/C/40/2, del 14 de mayo de 2008, párr. 28 a), p. 10].
3.- Una vez más, las Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos reiteramos que el MNP debía haberse creado siguiendo las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura, «mediante un procedimiento público, inclusivo y transparente, que incluya a la sociedad civil y a otros interesados en la prevención de la tortura; cuando se considere la posibilidad de designar como mecanismo nacional de prevención a un órgano ya existente, la cuestión deberá someterse a un debate abierto en el que intervenga la sociedad civil» [Naciones Unidas, Comité contra la Tortura, Primer Informe Anual del Subcomité …, cit., párr. 28 b), p. 10]. Asimismo, la Asociación para la Prevención de la Tortura había recomendado a los Gobiernos «dar amplia difusión al proceso, a la posibilidad de participar en él, al igual que a los criterios, métodos y motivos de la decisión final respecto del MNP» (Asociación para la Prevención de la Tortura, Establecimiento y Designación de Mecanismos Nacionales de Prevención, APT, Ginebra, 2007, p. 11), exigiendo además a las autoridades «la voluntad real de sostener un diálogo auténtico con estas organizaciones [las Organizaciones de la sociedad civil] a lo largo de todo el proceso de implementación del instrumento y… tomar en cuenta sus observaciones a la hora de tomar decisiones» (Asociación para la Prevención de la Tortura, La sociedad civil y los Mecanismos Nacionales de Prevención a la luz del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, APT, Ginebra, junio de 2008, p. 8).
4. En consecuencia, las Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos afirmamos que el MNP creado de esa manera no cumple las recomendaciones internacionales en la materia puesto que:
• en su creación, no ha existido un diálogo permanente y transparente con la sociedad civil;
• al estar incluido dentro de la estructura de otra institución del Estado, no se garantiza su independencia funcional del Mecanismo, ni dispondrá de recursos y financiación propios y diferenciados;
• al estar dentro de la estructura del Defensor del Pueblo, la amplitud de su mandato podría hacer que pasara desaperciba la función de prevención del mecanismo, basado en las visitas periódicas y que requieren alto grado de especialización.
• y, si bien su creación ha sido decidida por Ley, será un Reglamento el que determinará su estructura, composición y funcionamiento, por lo que quedará en manos de la propia Oficina del Defensor del Pueblo.
En conclusión, entendemos que este comportamiento gubernamental es incompatible con los principios de democracia, transparencia, participación e inclusión que deberían haber guiado el proceso de establecimiento y designación del MNP. Se ha perdido pues una ocasión para trabajar juntos por la erradicación de la tortura y los malos tratos en España.
Esperamos que el desarrollo del mecanismo mediante la reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor, esté presidida por los principios de transparencia, independencia y diálogo con la sociedad civil.
En Ginebra, a 5 de noviembre de 2009.

Amnistía Internacional
Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Asociación Española de Neuropsiquiatría
Asociación Pro Derechos Humanos de España
Coordinadora para la Prevención de la Tortura

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